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Hacia el fortalecimiento de la atención integral de las mujeres víctimas de violencia sexual en establecimientos de salud

La violencia contra las mujeres es un asunto de derechos humanos vinculado a la discriminación por género. En esta línea, la violencia sexual no solo debe ser abordada como un problema de acceso a la justicia sino también de salud pública por sus dimensiones y consecuencias. De igual modo, la violencia sexual constituye un problema de seguridad ciudadana que genera altos costos sociales y económicos en nuestro país.

Según la ENDES 2015, cerca del 8% de las mujeres en el Perú sufrió alguna vez en su vida una agresión sexual. De otro lado, entre enero de 2009 y octubre de 2015, el Ministerio Público registró 129 668 denuncias por delitos de violación a la libertad sexual; mientras que el INPE reportó que la población penal de varones por delito de violación sexual era de 11 194, ubicándose como el segundo delito más frecuente en el país.

Respecto a las consecuencias, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que en particular las víctimas de violación sexual están expuestas a embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual; vulneraciones a la salud mental por el trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad; así como comportamientos de alto riesgo e incluso la muerte.

En este contexto, el Informe “Derecho a la salud de las mujeres víctimas de violencia sexual: Seguimiento de las recomendaciones defensoriales en establecimientos de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno”, elaborado por laDefensoría del Pueblo, da cuenta que la mayoría de establecimientos supervisados no cuenta con un ambiente especial para atender este tipo de casos y enfrentan obstáculos para recoger muestras y evidencias que acrediten la violación sexual. De igual modo, se han reportado problemas para identificar, registrar y referir estos casos, así como para efectuar todas las pruebas de laboratorio y entrega de los medicamentos necesarios a las víctimas; situación que releva la necesidad de capacitación al personal de salud en atención de casos de violencia sexual.

Sobre el particular, resulta importante señalar que la Ley N° 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” reconoce la gratuidad de la atención para las mujeres víctimas de violencia, incluyendo su afiliación al SIS; así como la gratuidad de la atención ambulatoria, los exámenes de ayuda diagnóstica, hospitalización, medicamentos, tratamiento psicológico y psiquiátrico o cualquier otra actividad necesaria para el restablecimiento de su salud física y mental. De igual manera, esta norma reafirma la incorporación del enfoque médico pericial, así como la emisión gratuita de certificados médicos legales, acordes a los parámetros del Instituto de Medicina Legal (IML); los que tendrán valor probatorio sin necesidad de una audiencia de ratificación pericial.

Por lo expuesto, se requiere que el Ministerio de Salud adopte las medidas necesarias para garantizar que toda víctima de violencia sea afiliada al SIS, así como el diseño de un único modelo de atención integral incluyendo el enfoque médico pericial. Además, se requiere que los establecimientos de salud garanticen un ambiente especial privado para la atención de víctimas de violencia sexual, así como que realicen las pruebas de laboratorio, los exámenes clínicos, tomen muestras que acrediten la violencia y entreguen los medicamentos que requieren todas las víctimas de violencia sexual.

Para descargar nuestro informe puedes hacer clic aquí. Si buscas más publicaciones puedes visitar nuestro Centro de Información de nuestra institución, ubicado en el jirón Ucayali 394 – 398 (2do. piso), Cercado de Lima. Teléfono: 331-0300 anexos 3181, 3182. Además, puedes visitar nuestra página webhttp://www.defensoria.gob.pe/ .

Adjuntía para los Derechos de la Mujer