La ONU señala el
sindicalismo como “fundamental” para la salud mental
El último informe del relator especial para
la salud de la ONU afirma que las medidas para combatir la desigualdad son más
efectivas para promover la salud mental que las terapias medicinales.
La historia lo demuestra: las relaciones de
solidaridad, y en particular la sindicación para garantizar mejoras de salarios
y condiciones en el trabajo, son fundamentales para la promoción de la salud
mental. Así lo afirma el último informe del Relator Especial para la salud de la ONU, que fue ayer, 24 de junio, enviado a Ginebra. “El modo en
que se organiza el trabajo tiene profundas y duraderas repercusiones sociales y
psicológicas”, explica el informe, que señala cómo la configuración del mercado
de trabajo afecta a las relaciones personales, tanto en el ámbito familiar como
en el cuidado de niños y mayores.
El informe, titulado Sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental, apunta la preocupación general en cuanto a que la mala
salud mental se considere “una amenaza para la productividad económica” y que
las soluciones consistan en recuperar fuerza de trabajo. “El hincapié que se
hace en los problemas de salud mental, considerados una carga a nivel mundial,
y el llamamiento a reducir las deficiencias en el tratamiento y a lograr que
las personas afectadas por esos problemas regresen al trabajo se mencionan cada
vez más al justificar desde el punto de vista económico la necesidad de dar
prioridad a los problemas de salud mental en todo el mundo”, señala el informe,
que alerta de que las prioridades se centren en recuperar la fuerza de trabajo
en vez de en garantizar la atención de calidad.
Y es que, desde principios del milenio, la prescripción
de antidepresivos ha aumentado a nivel general en todo el mundo. Según datos de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidos por The Guardian, entre el año 2000 y 2016 en
Estados Unidos se han pasado de las 75 dosis diarias por cada mil personas a
las 125 —un 66,66% más—, en Reino Unido de las 37,6 a las 101 —aumento del
168,6%— y en España se han pasado de las 28,2 dosis diarias por cada mil
personas a 75,5 —un 167,7% más—.
Entre las medidas aconsejadas para combatir las
enfermedades mentales, el Relator Especial subraya aquellas que vayan
encaminadas a combatir la desigualdad y la discriminación. “Serían la mejor
vacuna contra las enfermedades mentales y sería mucho mejor que el uso excesivo
de medicación psicotrópica que tenemos en la actualidad”, ha afirmado a The Guardian el relator especial
Dainius Pūras, que ha señalado también las políticas que siguieron a la crisis
financiera de 2008, que han acentuado la desigualdad, como perjudiciales para
la salud mental. “Las medidas de austeridad no contribuyen de manera positiva a
la salud mental”, explica el relator. “La gente se siente insegura, con
ansiedad, no gozan de un bienestar emocional debido a esta situación de
inseguridad”, continúa.
UN ENFOQUE DE DERECHOS PARA GARANTIZAR LA
SALUD MENTAL
El
informe del relator especial destaca la importancia del entorno social,
psicosocial, político, económico y físico a la hora de gozar de una buena salud
mental y apunta la obligación de los Estados de establecer medidas que
garanticen el respeto de los derechos humanos y propicien la vinculación social
como alternativa al modelo biomédico, que utiliza criterios restringidos e
individuales para la prevención de los problemas de salud mental.
“Todavía
hay una tendencia a utilizar modelos individualizados y causales para
identificar determinantes de la salud mental como la violencia juvenil y las
autolesiones. Esa tendencia da lugar a intervenciones centradas en factores de
comportamiento inmediatos e individuales, en lugar de abordar adecuadamente las
condiciones estructurales, que son las causas fundamentales”, explica el
informe del relator especial de la ONU. “La explicación de las desigualdades en
materia de salud mental va mucho más allá de lo biológico y lo individual y se
extiende a lo social, lo económico y lo político. La vida de las personas se ve
a menudo limitada por leyes y estructuras de gobierno y poder no equitativas,
así como por políticas que estratifican a la sociedad, lo que afecta
profundamente a las relaciones humanas y a la forma en que las personas actúan
a lo largo de sus vidas”, continúa.
El
informe recuerda que ya el Plan de Acción Integral de la OMS sobre Salud Mental
2013-2020 incluía entre sus cinco objetivos clave la promoción de la salud
mental a través de la actuación sobre los determinantes sociales, pero esto no
se tradujo en medidas en la práctica. También señala que, 70 años después de la
aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha conseguido
una reducción general del número de suicidios, se ha avanzado en la reducción
de la pobreza extrema y en los problemas de violencia interpersonal, se ha
conseguido una mayor igualdad de género y se han reducido los regímenes
totalitarios. “Esa tendencia induce a pensar que han tenido un efecto positivo
las políticas y prácticas de las sociedades de todo el mundo basadas en los
derechos humanos”, señala el informe, que también alerta de que “esos avances
se ven amenazados por un movimiento creciente de poderosos grupos de interés
mundiales que se oponen a los principios universales de derechos humanos y
sostienen que ha fracasado el orden mundial de la posguerra”.
El
relator apunta como ejemplos de cómo los gobiernos pueden socavar la promoción
de la salud los recortes en protección social, las políticas que restringen el
acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva, la
penalización de la posesión y cultivo de drogas para uso personal o las leyes
que reducen el espacio de la sociedad civil, así como los castigos corporales a
niños y adultos. También destaca como “prácticas nocivas” las “terapias de
conversión” para personas LGTBI o las terapias que usan la religión para el
tratamiento de drogodependencias o de problemas de salud mental, así como la
corrupción farmacéutica, a la que dedicó otro informe en 2017.
El
informe alerta también del sobrediagnóstico de enfermedades mentales, que ha
llevado a la medicalización de “reacciones normales a las múltiples presiones
de la vida, incluidas las formas moderadas de ansiedad social, tristeza,
timidez, absentismo escolar o comportamiento antisocial”, así como de las
prácticas en la atención a personas con enfermedades mentales en las que no se
cuenta con su consentimiento. “La coacción se utiliza profusamente en los
servicios de salud mental, y hay pruebas de que cada vez es mayor la prevalencia
de las medidas coactivas en esos servicios”, lamenta el relator especial.
Otro
de los temas tratados en el informe son la estigmatización de la persona con
enfermedad mental como amenaza para la sociedad, o el acogimiento de menores a
instituciones, que el relator señala que debe ser sustituido progresivamente
con miras a su total eliminación. “Con respecto a los niños menores de cinco
años, el acogimiento en instituciones debería considerarse una forma de
violencia y de práctica nociva y, por lo tanto, debería prohibirse”, apunta el
informe.
