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La República: “Reponen a 8,855 estatales cesados arbitrariamente en gobierno de Fujimori”

Agosto, 15 del 2017. Justicia. Ex trabajadores pueden optar por volver a su puesto de trabajo, una indemnización económica o recibir una pensión. En total, ya son 45 mil los beneficiados con el proceso de reparaciones que se inició en el 2002.

Ceremonia. Ministro de Trabajo, Alfonso Grados, suscribe la disposición de publicar la lista de ex trabajadores del Estado que serán inscritos en el registro y estrecha la mano de los dirigentes de las Centrales Sindicales y con la autora de la ley, al respecto Natali Condori.

Unos 8.855 trabajadores estatales cesados durante el gobierno de Alberto Fujimori recuperarán sus puestos de trabajo, recibirán una compensación económica o una pensión.

Esta medida se da tras la ceremonia de suscripción que dispone la publicación de la última lista de ex trabajadores de instituciones del Estado que serán inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente.

"Esto representa el reconocimiento de los derechos de los trabajadores por parte del Estado, bajo los canales legales, luego de que los ex trabajadores fueran cesados de forma arbitraria durante la década del 90", señaló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados.

Precisó que hasta la fecha, en total, son 45 mil trabajadores estatales los que se han visto beneficiados con el proceso de reparaciones que empezó en el 2002.

Del total de 8.855 trabajadores, 4.798 corresponden a empresas del Estado; 187, a gobiernos locales; 909, a gobiernos regionales; 615, a ministerios y 2.346 a otras entidades. Ellos tienen un plazo de cinco días para optar por ser repuestos, recibir la compensación o la pensión.

El costo de estas reparaciones asciende a S/ 150 millones.

Según la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), en el decenio fujimorista fueron un total de 300 mil estatales los que perdieron sus puestos de trabajo.

A su vez, el secretario general de la Central CATP, Víctor Irala, manifestó que fueron exactamente 360 mil hogares destruidos.

Por su parte Sergio Jaime, presidente de la Central de los trabajadores del sector educación, CONTASE, manifestó que. “con la mano de Dios, se ha hecho justicia todos los abusivamente despedidos durante el fujimorato”. “Y, ojalá se siga en dicha línea, de respeto y justicia a los derechos de los trabajadores y con todos los ciudadanos que integramos la comunidad educativa”..

Moisés Álvarez, representante del Ministerio de Justicia, indicó que esta lista es posible toda vez que en la Legislatura del Congreso 2015–2016 se aprobó la revisión de los trabajadores que no fueron comprendidos en la cuarta lista (agosto del 2009) y se revisó más de 19 mil solicitudes.

A su turno, Ricardo Hermoso, secretario técnico de la Comisión Ejecutiva que ve el caso (en virtud de la Ley 30484), precisó que desde que el Legislativo dio paso a la ampliación de la cuarta lista se atendieron más de 10.345 llamadas telefónicas de ex trabajadores, 4.727 correos electrónicos e ingresaron 159.725 documentos con solicitudes similares. También dijo que se recibieron 197 pedidos del Congreso de la República-

"Esperamos que la espera de más de veinte años en muchos casos haya sido atendida”, dijo.

Elías Mostacero tomó la palabra en nombre de la CGTP y sostuvo que aún hay trabajadores que no están en la lista, pese a que tienen todos los derechos de los que sí se están considerando. Recalcó que el gremio de trabajadores espera una rectificación por parte de la cartera de trabajo.

"El trabajo, un derecho fundamental, fue abolido en el Perú en la época de la dictadura (fujimorista) en donde querían reactivar la economía poniendo como base la generación de desempleo. Afectaron a más de 2 millones de personas, a quienes representamos como jefes de familia, y producto de eso hubo un enorme sufrimiento, proyectos de vida frustrados, miles emigraron a Argentina o Chile, otros vendieron sus casas para viajar a Japón o a Europa. Ese fue nuestro drama", opinó Mostacero.

Respecto a la compensación económica, sostuvo que el reglamento señala que se hará con base en la Ley 27803 promulgada en el 2002, cuando existe la Ley 30484 del 2016, que es la que –opinó– se debería tener en cuenta por el principio de razonabilidad, toda vez que el costo de vida no es el mismo. "Eso daría una compensación actualizada a la Remuneración Mínima Vital (RMV) actual", insistió.

"Todos somos adultos mayores, muchos partieron sin ver recompensados sus esfuerzos, otros están en el hospital, el mensaje del ministro debe dar una satisfacción integral a nuestra lucha", remarcó.

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