ES LA REPRESENTACIÓN GREMIAL DE LAS FEDERACIONES REGIONALES, SINDICATOS DISTRITALES, SECTORIALES, PROVINCIALES Y REGIONALES DE TODO EL PERÚ DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACIÓN.
Todos le dan crédito a Fujimori por la independencia del BCR.
LA IA NO OPINA LO MISMO.
Visión general creada por IA
El Frente Democrático (Fredemo) defendió plenamente la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como un pilar fundamental para la estabilidad económica, separándolo de presiones políticas que buscan la expansión económica a corto plazo, lo que puede generar inflación. El enfoque del Fredemo se basaba en la creencia de que un banco central independiente, con un manejo técnico y no político de la política monetaria, era esencial para lograr una inflación baja y una mayor credibilidad, como se demostró con las políticas económicas aplicadas tras su propuesta.
Importancia de la autonomía: El Fredemo defendía la autonomía del Banco Central para que este pudiera mantener un horizonte de largo plazo, libre de las presiones políticas que a corto plazo podrían llevar a decisiones de política monetaria poco prudentes.
Rol en la estabilidad económica: Se consideraba que la independencia del BCRP era clave para lograr una inflación baja y estabilidad económica, evitando así las políticas estatizantes y populistas que criticaban en el gobierno de Alan García.
Medidas y contexto histórico: La propuesta de reforma económica del Fredemo, que incluía la aplicación de principios económicos liberales, buscaba una reforma integral que fortaleciera la independencia del BCRP, incluso con restricciones legales para evitar que el banco financiara al gobierno o realizara créditos sectoriales.
Consecuencias de la independencia: La autonomía del Banco Central permite aislarse de presiones políticas para estimular la economía en el corto plazo, lo cual puede tener consecuencias negativas a largo plazo como la inflación. La autonomía del BCRP se reforzó en 2003 con restricciones legales que lo aíslan de la influencia política.
Credibilidad y disciplina fiscal: La independencia del BCRP ha permitido al Perú tener la inflación más baja de la región durante este siglo, además de una mayor estabilidad del tipo de cambio y la capacidad de responder a crisis globales con herramientas de política monetaria.
TC anuló caso Cócteles de Keiko: Legalizando lavado de activos de la narco-corrupción.
Estaba cantado y era inevitable que el Tribunal Constitucional (TC), al servicio del fujimorismo y sus aliados criminales del Congreso, iba a dejar sin efecto o anular el caso Cócteles que pesaba sobre las espaldas de Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular, el principal narco-partido del Perú del siglo XXI.
¿Por qué era inevitable la anulación del caso Cócteles por la mayoría del TC? Es un agradecimiento por su elección y, además, por su identificación con el fujimorismo. O sea, de una mezcla de ambas razones. En efecto, el TC es hijo umbilical del narcofujimorismo y demás estructuras criminales mal llamadas "partidos políticos ".
Por otro la, la anulación del caso Cócteles es la legalización por el máximo intérprete de la constitucionalidad de uno de los casos más groseros de blanqueo de activos de dineros millonarios provientes principalmente de dos fuentes: corrupción y la cocaína del narcotráfico. A ello habría que sumar las también pinguee bolsas furtivas de los grupos económicos y empresariales.
Visto en la línea del tiempo, el caso Cócteles reveló, mucho antes que el oro ilegal y la extorsión adquieran la relevancia que hoy tienen, de manera grosera y escandalosa el poder de dos economías criminales: el de la corrupción y la cocaína en las elecciones de 2016. Escandalosa y grosera porque utilizaron la modalidad del titufeo de los dineros en eventos de coctes para sostener que el dinero eran aportes de los asistentes. Algo absolutamente deleznable e insostenible.
Y, de otro lado, la anulación de la investigación del caso Cócteles es, después de la modificación del Decreto Legislativo de extinción de dominio, la demostración del enorme poder del narcotráfico, el crimen organizado más longevo y poderoso del país. Y, secundariamente, de la corrupción. (Por: J. Antezana)
Nos gobiernan violadores, uno es presidente interino y el otro es premier.
Ernesto Julio Álvarez Miranda, el actual presidente del Consejo de Ministros del Perú, enfrenta varias denuncias archivadas en su contra. A continuación, te presento los detalles de estas denuncias:
- Denuncias por presunto abuso sexual: Álvarez Miranda registra dos denuncias por presunto abuso sexual en el 2016, las cuales fueron archivadas porque, según él, "eran absolutamente inconsistentes". No conocía a la demandante y tampoco tomó acciones legales contra ella.
- Denuncias en el Ministerio Público: En total, Álvarez Miranda tiene seis denuncias en el Ministerio Público, aunque no se especifican los detalles de todas ellas.
- Cuestionamientos por su designación: Colectivos feministas cuestionan su designación como premier debido a estas denuncias archivadas, argumentando que la justicia peruana no pone en valor el testimonio de las víctimas y que los casos de violencia terminan archivándose por la impunidad existente en el país.
- Reacciones: La directora de la Institución Flora Tristán, Liz Meléndez, expresó su preocupación por la designación de Álvarez Miranda y el presidente José Jerí, quien también enfrenta una denuncia por presunta violación sexual. Meléndez enfatizó la necesidad de contar con autoridades sensibles que entiendan la importancia de tomar en serio los testimonios de las víctimas de violencia .
COMUNICADO con relación al registro y remisión de saldos de libre disponibilidad para el Año Fiscal 2025, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF informa lo siguiente:
https://www.gob.pe/es/n/1260410
"Dina Boluarte: del poder prestado a la dictadura despótica
Dina Boluarte parece no entender lo que es la política. El poder que hoy ostenta no le pertenece ni por mérito propio ni por legitimidad popular real. Se le entregó de manera circunstancial, como resultado de una crisis, pero la fuente de ese poder —el pueblo, el soberano— es la única que podía y debía refrendarlo. La política en una democracia no es la imposición de la voluntad personal, ni mucho menos el sometimiento de la sociedad a caprichos y delirios de grandeza; es, en esencia, el gobierno del pueblo para el pueblo.
Lo que hoy vivimos bajo el régimen de Boluarte es una distorsión de la democracia en su forma más grotesca. Se presenta como una mandataria legítima, cuando en la práctica encarna un despotismo revestido de formalidades. No responde al pueblo que dice representar, sino a intereses ajenos, y su accionar refleja cada vez más los rasgos de una dictadura sin máscaras.
El problema central es que la señora Boluarte ha confundido el ejercicio del poder con la apropiación del poder. No gobierna para resolver los problemas del país, sino para sostenerse en el cargo, utilizando la represión, el silencio cómplice de instituciones corruptas y el respaldo de los grupos que ven en ella una ficha útil. Pero lo que resulta más preocupante es el estado psicológico que transmite: una megalomanía desbordada que roza la psicopatía política.
Conviene aclarar: el psicópata, por definición, es alguien frío, calculador, inteligente en la manipulación y certero en la perversidad. Pero Boluarte ni siquiera alcanza esa categoría. Ella no es una estratega del mal; es, por el contrario, torpe en su arbitrariedad, bruta en su maldad, incapaz de elaborar un proyecto que justifique sus actos. Es la figura de una gobernante que, en su desconexión con la realidad, termina actuando contra la lógica misma de la política: en lugar de construir consensos, destruye la confianza; en lugar de escuchar al pueblo, lo reprime; en lugar de entender la democracia, la pisotea.
La democracia no es un adorno, ni un discurso vacío que se repite para legitimarse. Es un contrato social que exige respeto a la voluntad del soberano, rendición de cuentas y límites al poder. Boluarte ha quebrado ese contrato. Se ha erigido como una autoridad que se cree indispensable, cuando en verdad es solo un accidente en la historia, un error político sostenido por la debilidad institucional.
Por ello, el mayor peligro de Dina Boluarte no es únicamente su ilegitimidad, sino la normalización de su dictadura disfrazada de legalidad. Si aceptamos que una mandataria sin legitimidad popular actúe como soberana absoluta, entonces habremos renunciado a la esencia misma de la democracia.
El pueblo no le entregó el poder para que lo use contra él. Ese poder es prestado y, como todo préstamo, tiene condiciones y límites. Cuando se rompe ese pacto, lo que queda es una impostura: la farsa de una democracia secuestrada por una tiranía de pacotilla."
Cecilia Garcia
