¿Cuál es el futuro
de la reforma del servicio civil?
Desde que
nació la Ley Servir en el 2013, los pedidos para excluir a entidades
públicas de su alcance han estado presentes en el debate público.
Foto: El Comercio)
El
presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene hasta el 22 de febrero para observar el
proyecto de ley aprobado en enero por el Congreso para excluir a los
trabajadores judiciales y administrativos del Poder Judicial (PJ) del alcance
de la Ley
Servir. De no hacerlo, la entidad se sumaría a la lista de
aquellas excluidas de este régimen. Una lista que, a juzgar por diversas
iniciativas presentadas en el Legislativo, corre el riesgo de seguir
alargándose. El escenario descoloca los fines de una norma que pretende más
bien unificar los variados regímenes laborales del Estado con miras a lograr un
servicio civil meritocrático y ordenado.
A MÍ NO
En diciembre del año pasado, el congresista Jorge del
Castillo (Apra) presentó un proyecto de ley para hacer de la Sunat una
excepción de Servir. Un mes antes, Justiniano Apaza (Frente Amplio) hizo lo
propio para las municipalidades. El Ministerio Público, a través del fiscal de
la Nación, también presentó un proyecto en ese sentido. Y otro el Reniec, para
excluir temporalmente a los trabajadores CAS.
Propuestas
similares está trabajando, además, la congresista Alejandra Aramayo (FP)
–autora del proyecto para excluir a los trabajadores del PJ– con los sindicatos
de la Sunat y el Consejo Nacional de la Magistratura, según adelantó a este
Diario. Servir ha
estado desde su inicio marcado por excepciones. Al comienzo, en una decisión
que el presidente de la institución, Juan Carlos Cortés, califica de “política”, no
se incluyeron el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y
Seguros , el Congreso, la contraloría y la Sunat. Una sentencia del Tribunal
Constitucional en el 2016 declaró inconstitucional la exclusión. Dijo, sin
embargo, que si la “especialidad” estaba debidamente fundada, una entidad podía
salirse de este régimen. Con ese argumento, el año pasado se volvió a excluir a
la SBS, al BCR y al Congreso.
Cortés
encuentra que estas exclusiones afectarán la oportunidad de servidores de
progresar y moverse al interior del Estado. “Con Servir, un trabajador de un
juzgado que ve temas del medio ambiente puede irse por un tiempo al Ministerio
del Ambiente y luego regresar al PJ. Eso no se podrá hacer [con una institución
que no esté en Servir]”.
“He pasado por todas las entidades públicas. Todas dicen ser
especializadas. Las exclusiones siempre han sido un tema político”, asegura
Cortés. El argumento que sostienen algunas instituciones, dice el laboralista
Mauro Ugaz, es que el servicio que dan es incompatible con Servir, supuesto que
descarta. “La especialidad de una actividad no define el trabajo que se hace en
la institución, porque esta también tienen operarios, analistas y personal de
confianza”, agrega.
Ciertos
organismos constitucionalmente autónomos también invocan esta autonomía para
salirse. El economista Santiago Dávila les da la razón. “Creen que afectaría su libertad para contratar, lo que les
permite ser una institución líder. Tienen razón. Están homogeneizando hacia
abajo”, afirma. Sin embargo, para Cortés, la autonomía permite que la
institución cumpla su deber, pero no debería influir en la administración de
los recursos humanos.
Quienes
buscan apartarse de esta norma alegan, además, según el laboralista Percy
Alache, que ya tienen meritocracia y no necesitan alinearse a los instrumentos
de gestión pública.
LOS TRABAJADORES
Especialistas coinciden en que no ha habido suficientes
incentivos para atraer a los trabajadores.
Además, algunos de ellos temen perder sus beneficios, o ser sujetos de despidos
masivos. Hay, adicionalmente, oposición a las evaluaciones de desempeño y a un
régimen que podría resultar menos amigable para los sindicatos.
Cortés
descarta los despidos masivos y explica que las evaluaciones tienen una lógica
de mejora de capacidades, no de castigo. Resalta ventajas remunerativas y
recuerda que, salvo que sean CAS (régimen temporal desde un inicio), quienes ya
son empleados pueden permanecer en su régimen. Servir solo será obligatorio
para nuevos trabajadores cuando la institución haya implementado el sistema.
“Es una reforma gradual; de aquí a 30 o 40 años habrá uniformidad”, comenta
Ugaz.
Ugaz
también agrega que “el rechazo se da porque se trata de perder un beneficio
individual en nombre de un interés colectivo. Si una persona recibe de la
institución un club o aguinaldo, dirá: ¿voy a perder eso para que el Estado
esté bien organizado?”.
¿CÓMO VAMOS?
De las más de 2.000 entidades que deberán transitar a
Servir, para el 6 de febrero solo 373 habían comenzado el proceso. De estas,
168 están en la primera etapa y apenas una, la ONP, acaba de culminar la
tercera y deberá convocar concursos. Parece complicado que se cumpla la meta
original de lograr la implementación para el 2020.
Cortés
considera que el proceso ha tenido trabas: falta de voluntad política,
insuficientes capacidades y complejidades al interior de las instituciones,
huelgas y cambios ministeriales, entre las principales.
Las entidades que en el 2017 no iniciaron su proceso de adecuación han comenzado a ser notificadas con una resolución de inicio de incorporación al proceso de tránsito, a través de la cual se forma de oficio una comisión de tránsito.
Las entidades que en el 2017 no iniciaron su proceso de adecuación han comenzado a ser notificadas con una resolución de inicio de incorporación al proceso de tránsito, a través de la cual se forma de oficio una comisión de tránsito.
Servir
asegura, además, que actualmente ya se aplican algunas disposiciones a todas
las entidades y regímenes. Por ejemplo, normas sobre el sistema administrativo
de gestión de recursos humanos, gestión de capacitación, derechos colectivos y
régimen disciplinario.
Más allá de lo anterior, lo cierto es que diversos expertos coinciden: uno de los factores claves para el éxito de Servir será el respaldo político –hoy ausente– que reciba en los próximos años.
Más allá de lo anterior, lo cierto es que diversos expertos coinciden: uno de los factores claves para el éxito de Servir será el respaldo político –hoy ausente– que reciba en los próximos años.
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